CIMBRA· Revista del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles · enero-mayo de 2016 - page 20

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/ enero-mayo 2016
Artículos Técnicos
/ Infraestructuras
Cimbra
de realizar por gestión indirecta o co-
laboración público-privada aquellas
actuaciones nuevas susceptibles de
explotación diferenciada (Artº 15.3),
o la posibilidad de expropiar como
suelo rural terrenos con aprovecha-
miento urbanístico, conservando el
titular del derecho la posibilidad de
patrimonializarlo (Artº 17.3); asimis-
mo la exención total del sometimiento
de las actuaciones en vías de la Red
de Carreteras del Estado a los actos
de control preventivo municipal o de
otras administraciones, organismos o
entidades públicas, siempre y cuando
se haya superado la correspondien-
te información pública cuando fuera
necesario (Artº 18), la obligatoriedad
de realizar periódicamente inspeccio-
nes de seguridad viaria (Artº 21) o la
limitación de las adjudicaciones repe-
titivas a un mismo operador en conce-
siones de áreas de servicio (Artº 27.2).
Son igualmente destacables la
obligatoriedad del amojonamiento
de los terrenos obtenidos por nuevas
actuaciones de carreteras, o de la ins-
cripción de los predios resultantes de
éstas en el Registro de la Propiedad,
la cual será gratuita excepto si deri-
varan de promociones de terceros
(Artº 29); la obligación de deslinde
y facultad de investigación para la
recuperación dominical de terrenos
usurpados, como ya existe en otros
ámbitos para las vías pecuarias (Artº
30), o la fijación de un nuevo proce-
dimiento de paralización de obras o
usos no autorizados, que desplaza el
centro de gravedad de la gestión de
las actuaciones hacia la Delegación
del Gobierno en el territorio (Artº 35).
Se incluye asimismo la necesidad
de aportar estudios de tráfico a los
promotores de accesos que puedan
afectar a la explotación de la carrete-
ra o la seguridad viaria (Artº 36.9), o
el nuevo régimen de prohibición de
la publicidad, que permite carteles en
cualquier lugar de la parcela donde se
ubiquen los negocios (y no sólo en los
edificios o sus inmediaciones, como
hasta ahora), y relega al Reglamento
la posibilidad de ampliar el espectro
de los carteles que pudieran consi-
derarse informativos y ser autoriza-
bles (Artº 37); asimismo se sientan las
bases para poder cobrar a terceros no
sólo el resarcimiento de los daños pro-
ducidos a las carreteras (generalmente
en accidentes de tráfico), como hasta
ahora, sino también los servicios pres-
tados por señalización de accidentes,
custodia de cargas o remolques, o reti-
rada de restos (Artº 40).
En cuanto a las infracciones, se ha
establecido un complejo entramado
de casos que posibilitan graduar me-
jor los hipotéticos hechos punibles,
fijando la facultad de rebajar la tipifi-
cación de diversos hechos denuncia-
dos (si se devuelven las cosas a su es-
tado anterior y no se producen daños
por ello, y todo ello en función de la
zona en la que se produzca el hecho),
tipificando algunas acciones nuevas
como la no prestación de los servicios
exigidos en concesiones o el incum-
plimiento de los deberes que tienen
las compañías de servicios obligadas
a reponer conducciones modificadas
por obras públicas, o circular con car-
gas o gálibos excesivos, además de
una mejor definición de la falta por
reiteración de actos y de la fijación
de los responsables de las infraccio-
nes (Artº 41). A ello es de añadir que
se abre la puerta a que el Reglamen-
to fije criterios para el cálculo de la
cuantía de las distintas multas (Artº
43), se eleve de cuatro a seis el perío-
Se incluye asimismo lanecesidad
de aportar estudios de tráfico a los
promotores de accesos que puedan
afectar a la explotaciónde la carretera o la
seguridad viaria
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