enero-abril 2014 /
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Cimbra
falta generalizada de implicación de la
sociedad en el procedimiento.
Además, todo proceso participativo
debe basarse en una información sufi-
ciente, por lo que debe comenzar por
poner a disposición del público toda
la información necesaria de forma que
ésta sea entendible por los ciudada-
nos. Este ejercicio de transparencia
de la administración incentivaría la
implicación de los ciudadanos en los
procesos de toma de decisiones.
A este respecto, J. Rubio y J. Bo-
rrajo hacían ya en 1992 la siguiente
reflexión: “en la fase de información
pública propiamente dicha la exis-
tencia de una memoria de síntesis
con las alternativas consideradas y su
comparación desde diferentes pers-
pectivas, con un lenguaje sencillo y
no excesivamente técnico, facilitaría
mucho la comprensión por el públi-
co del estudio. Pero no debe pararse
ahí la nueva comunicación; en estos
momentos existen técnicas modernas
de simulación geográfica que permi-
ten realizar vídeos con las soluciones
estudiadas, donde en imágenes ase-
quibles a todos pueden contemplar-
se aspectos de paisaje difícilmente
imaginables de otra forma; además
la realización de maquetas, la edición
de trípticos en los que se resuman
las principales características de las
soluciones existentes, y la puesta en
marcha de reuniones de debate y ex-
plicación, junto con un teléfono en el
que puedan realizarse toda clase de
consultas, pueden ser innovaciones
que permitan un mejor conocimiento
por parte de los interesados de las ra-
zones de la Administración para rea-
lizar un determinado proyecto y esco-
ger una cierta solución facilitando a la
vez que ésta conozca los verdaderos
intereses generales y particulares para
tratar de conciliarlos” (
La comunica-
ción con los administrados en los proce-
sos de información pública de carreteras
.
Jesús Rubio y Justo Borrajo. 1992).
Existe un cierto consenso en que el
desarrollo de un proyecto de carrete-
ras no es posible, o presenta muchas
dificultades, si no cuenta con un cierto
apoyo social, dado el carácter público
de este tipo de obras, el gran núme-
ro de usuarios finales y las grandes
inversiones que precisan. Por tanto,
cada vez es más necesario la inclu-
sión y valoración de la opinión de los
ciudadanos en la toma de decisiones
para evitar conflictos y muchos de los
costes que de ellos se derivan.
Este planteamiento implica una
mayor complejidad de los problemas
a solucionar al planificar una infraes-
tructura viaria y evidencia las limi-
taciones de los mecanismos actuales
para abordarlos, lo que está dando
lugar a la búsqueda de nuevos instru-
mentos basados en metodologías más
participativas. No obstante, los diseños
de este tipo de metodologías son más
complejas de lo que en primera ins-
tancia pueda parecer.
Por ello, a pesar de que en general
la relación de la Administración con la
ciudadanía se está intentando mejorar
poniendo al alcance de la población
mayor cantidad de información y fo-
mentando los procesos participativos,
existe aún incertidumbre por parte
de las administraciones respecto a las
metodologías de participación social
a emplear, motivo por el cual hasta el
momento las experiencias de partici-
pación han sido escasas y las metodo-
logías aplicadas poco desarrolladas.
En conclusión, la participación so-
cial parece ser el mejor mecanismo pa-
ra lograr un consenso sobre los proyec-
tos de carreteras que evite los conflictos
y priorice los beneficios sobre los costes
sociales. Para ello deben buscarse me-
todologías participativas que superen
el actual trámite de información pública
y que promuevan el compromiso y la
implicación de los ciudadanos en el
proceso. Se debe proveer al público de
toda la información necesaria y ésta
debe ser entendible; también es de-
seable garantizar la participación de
los ciudadanos en todo el proceso de
planificación, diseño y ejecución de las
carreteras, de modo que la población
sienta que sus opiniones pueden influir
en la toma de decisiones. De esta forma
se conseguirá un proceso más transpa-
rente y unas soluciones que no solo se
basen en el estudio del mayor número
de alternativas posibles sino también
en la consideración de la mayor plurali-
dad de intereses sociales, muchas veces
contradictorios, que puedan confluir,
obteniendo finalmente una solución
que pueda ser asumida por todos los
participantes en el proceso.
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