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/ enero-abril 2014
Artículos Técnicos
/
Carreteras
Cimbra
En primer lugar, la propia legisla-
ción limita la participación ciudadana
a las circunstancias que justifiquen la
declaración de interés general de la
carretera y la concepción global de su
trazado; además, establece otras limi-
taciones a la participación ciudadana
ya que el trámite de información pú-
blica no se considera preceptivo para
las actuaciones incluidas en los instru-
mentos de planeamiento urbanístico
ya aprobados, ni para los acondicio-
namientos de trazado, ensanches de
plataforma, mejoras de firme, duplica-
ciones de calzada y, en general, actua-
ciones que no supongan una modifi-
cación sustancial en la funcionalidad
de la carretera existente.
En segundo lugar, el procedimiento
de información pública se refiere nor-
malmente al estudio informativo, lo
que impide la participación de los ciu-
dadanos en el proceso de redacción del
estudio en sí, excepto por las consultas
medioambientales reguladas por la le-
gislación sectorial en la materia.
En muchas ocasiones esta forma
de actuar es percibida por la población
como opaca, puesto que no conocen
las razones que han llevado a la selec-
ción de la solución o posibles solucio-
nes plasmadas en el documento que
se somete al trámite de información
pública.
Y en tercer y último lugar, la do-
cumentación que se pone a disposi-
ción del público durante el trámite de
información pública suele revestir un
carácter eminentemente técnico que
dificulta su comprensión por gran par-
te de la ciudadanía.
Aunque no se trata de un análisis
exhaustivo debido a las limitaciones
propias de un artículo, sí puede servir
para realizar un primer acercamien-
to a la problemática actual. Como se
puede ver, el trámite de información
pública en materia de carreteras es un
procedimiento rígido basado en una
serie de decisiones técnicas y/o políti-
cas que conducen al desarrollo de un
documento que, una vez redactado,
se presenta al ciudadano para que ex-
prese sus observaciones y alegaciones,
limitadas a ciertos temas recogidos en
la legislación.
Por tanto, la primera pregunta que
podemos formularnos es si el trámite
de información pública contribuye efi-
cazmente a evitar los conflictos entre
los proyectos de carreteras y los ciuda-
danos o si es necesario desarrollar una
metodología más participativa que fa-
cilite la satisfacción de las necesidades
sociales.
Las limitaciones de este mecanis-
mo basado en el tradicional sistema
de decisiones técnicas y/o políticas
y posterior comunicación al público,
transmite una sensación de opacidad
al ciudadano, porque por un lado no
conoce las razones ni los condicio-
nantes que han llevado a la toma de
las decisiones, y por otro solo se le
permite la participación en un mo-
mento intermedio y muy concreto del
desarrollo del proyecto. Esto unido a la
percepción de que su participación no
será tenida en cuenta o que no cam-
biará el resultado final, deriva en una
la propia legislación limita la
participación ciudadana a las
circunstancias que justifiquen la
declaración de interés general de la
carretera y la concepción global de su
trazado
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