enero-abril 2014 /
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Cimbra
aquellos procesos que posibilitan que
individuos o grupos influyan en los
resultados de los asuntos que les afec-
tan; en consecuencia, si la población
no cree que su participación puede
tener un alto grado de influencia en
la toma de decisiones terminará por
no comprometerse, aumentando la
distancia entre la ciudadanía y las ad-
ministraciones públicas y los conflictos
entre ambas.
En todo caso, conseguir la impli-
cación de los ciudadanos y los agentes
sociales sigue siendo una asignatura
pendiente de los poderes públicos cu-
ya solución pasa, en primer lugar, por
una transferencia de poder desde es-
tos poderes públicos a los ciudadanos.
En definitiva, estamos ante un ins-
trumento cada día más imprescindible
para canalizar el capital social de los
ciudadanos en la mejora de su cali-
dad de vida, pero sobre el que todavía
hay que trabajar para incrementar la
interacción de los organismos públi-
cos con la población. Los procesos de
participación fomentan la apropiación
social de los territorios, ayudando a
reforzar los sentimientos de pertenen-
cia de los ciudadanos y, como conse-
cuencia, su nivel de implicación en los
asuntos públicos que les afectan.
La participación ciudada-
na en la planificación y
proyecto de carreteras
Desde un punto de vista jurídico,
la participación ciudadana tiene su
base en la propia Constitución espa-
ñola de 1978, que en su artículo 23.1
establece que “los ciudadanos tienen
el derecho a participar en los asun-
tos públicos, directamente o por me-
dio de representantes”. Así mismo,
el artículo 9.2 conmina a los poderes
públicos a “facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social”.
Además, el desarrollo de estas pre-
visiones constitucionales sobre par-
ticipación ciudadana viene recogi-
do en la legislación en materia local,
en la legislación sectorial relativa a
las infraestructuras, en la legislación
medioambiental y en la legislación
sobre expropiación forzosa.
En el caso de las carreteras exis-
te una distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades
Autónomas según se establece en los
artículos 148.1.5º y 149.1.21º y 24º de
la Constitución, que regulan las com-
petencias de las Comunidades Autó-
nomas y del Estado en esta materia,
respectivamente. La normativa básica
sobre carreteras estatales, que viene
desarrollada por la ley 25/1988, de 29
de julio, y el Real Decreto 1812/1994,
de 2 de septiembre, canaliza la parti-
cipación ciudadana a través del meca-
nismo de información pública.
El trámite de información pública
es, en consecuencia, el procedimiento
de participación social que establece
la legislación de carreteras para per-
mitir que cualquier persona o entidad
pueda trasladar sus observaciones o
alegaciones sobre los proyectos que
las administraciones desarrollan. Es-
te trámite otorga un plazo de treinta
días hábiles para la realización de las
posibles alegaciones y observaciones,
contado a partir del primer día hábil
siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en el Boletín Oficial del
Estado (Plazo establecido para las ca-
rreteras que se rigen por la legislación
básica estatal).
Por otro lado, la exigencia legal del
procedimiento de información pública
en relación con las carreteras también
viene recogida en la ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambien-
tal. Este procedimiento de información
pública establecido en la legislación
ambiental se suele realizar de forma
simultánea con el procedimiento es-
tablecido en la legislación de carrete-
ras, integrando el estudio de impacto
ambiental como anejo del documento
que sirve como base de aquel.
El cauce para fomentar la parti-
cipación ciudadana en los proyectos
de carreteras está, por tanto, estable-
cido; entonces, ¿por qué existiendo
este mecanismo de participación no se
alcanza un consenso que evite conflic-
tos en el desarrollo de los proyectos?
De hecho, en las últimas décadas la
percepción social de las carreteras ha
pasado de ser un factor de progreso y
un catalizador para el desarrollo de la
sociedad, a convertirse en elementos
que deterioran el entorno y que pro-
vocan, en muchos casos, el rechazo
de la sociedad a la que deben servir. A
continuación se analizan algunas de
las posibles causas de esta evolución.
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