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/ enero-abril 2014
Artículos Técnicos
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Carreteras
Cimbra
realizado un esfuerzo en los últimos
tiempos para impulsar y canalizar
mayores niveles de participación de
la población, en especial las admi-
nistraciones locales, por ser éste el
ámbito más proclive a la implicación
de las personas en los asuntos que
afectan a la comunidad. Así, desde
que en 1989 se pusieron en mar-
cha las primeras iniciativas de par-
ticipación ciudadana en la ciudad
brasileña de Porto Alegre, la llama-
da democracia participativa se ha
extendido por todo el mundo ba-
jo diferentes formas y con diferen-
tes niveles de participación, siendo
quizás el presupuesto participativo
el mecanismo más conocido. Desde
entonces, conceptos asociados a la
idea de la participación social han
impregnado los discursos de los más
variados organismos internaciona-
les, los estados nacionales de la más
diversa índole, y los movimientos y
organizaciones sociales.
En general existe un amplio con-
senso en cuanto a que el fomento de
procesos participativos contribuye a la
resolución de muchos de los proble-
mas que surgen en la relación entre
la administración y los ciudadanos,
favoreciendo el consenso y evitando
los conflictos; no obstante, el estable-
cimiento de instrumentos concretos
para favorecer esta participación avanza
lentamente, encontrándonos todavía
en pleno proceso de búsqueda de for-
mas efectivas de participación social,
quedando aún muchas cuestiones por
resolver; baste decir que no existe to-
davía un acuerdo general sobre qué se
entiende por participación ciudadana
ni en qué debe consistir, lo que hace di-
fícil establecer qué mecanismos de par-
ticipación son adecuados y cuáles no.
En efecto, la participación pública es
un término que permite interpretacio-
nes diversas al tratarse de procesos que
posibilitan que individuos o grupos in-
fluyan en los resultados de los asuntos
que les afectan. Estos procesos pueden
tener metodologías dispares y diferen-
tes posibilidades de participación, sien-
do ya clásica la llamada escalera de par-
ticipación que gradúa el nivel de parti-
cipación de menor a mayor intensidad,
lo que complica el establecimiento de
los límites de lo que se puede conside-
rar participación y lo que no.
En este momento, lo único que pa-
rece claro en relación con el concepto
de participación ciudadana son sus
actores: por un lado las administracio-
nes y organismos públicos, y por otro
la sociedad civil. Tanto los mecanismos
como los grados de participación pue-
den tener formas totalmente diferen-
tes de unos procesos a otros, determi-
nando por tanto el nivel de influencia
de los ciudadanos en cada caso.
La participación activa de la ciu-
dadanía se enfrenta, a menudo, con
dos problemas fundamentales: la fal-
ta de implicación de las personas en
los procesos de participación y la ob-
solescencia de los instrumentos con
que cuentan las administraciones y
organismos públicos para favorecer
dicha participación. Efectivamente, el
concepto de participación ciudadana
se ha hecho omnipresente en la ma-
yoría de los organismos públicos y las
organizaciones sociales, existiendo ac-
tualmente múltiples cauces para ejer-
cer esta participación; sin embargo la
sociedad sigue sin participar de forma
general en estos procesos. ¿Se trata de
una falta de compromiso de los ciuda-
danos? ¿o, a pesar de la generalización
de los discursos que abogan por el fo-
mento de la participación, sigue exis-
tiendo una falta de cauces adecuados
para ejercer este derecho?
Como se ha dicho anteriormente,
la participación pública consiste en
En estemomento, lo único que
parece claro en relación con el
concepto de participación ciudadana
son sus actores: por un lado las
administraciones y organismos
públicos, y por otro la sociedad civil
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