septiembre-diciembre 2013 /
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Cimbra
E
l presidente de Unión Pro-
fesional (UP), Carlos Carni-
cer ha comparecido, el pasa-
do mes de noviembre, en el
Senado para informar sobre
la posición del conjunto de las pro-
fesiones colegiadas agrupadas en UP
ante el Anteproyecto de Ley de Servi-
cios y Colegios Profesionales.
En su compa recenc i a ant e l a
comisión formada en el Senado para
analizar dicho Anteproyecto de Ley,
Carlos Carnicer expuso la necesidad
de atender al significado del Artículo
36 de la Constitución, que recoge a
los colegios profesionales como una
institución diferente a los sindica-
tos, asociaciones y otras organiza-
ciones, ya que representa la garantía
institucional en beneficio de los dere-
chos ciudadanos constitucionalmente
reconocidos.
«Nuestro modelo de colegio es
reconocido y cotizado por Europa y
en el mundo gracias precisamente a
algunas profesiones como la arqui-
tectura e ingenierías, entre otras, que
tanto han contribuido a la Marca
España», aseguró Carnicer.
Trasladó asimismo que el texto
propuesto por el Gobierno modifica
radicalmente este modelo de ejercicio
en el que las 35 profesiones reunidas
en Unión Profesional requieren cole-
giación como requisito para ejercer.
«En todas ellas, el objetivo es el clien-
te o paciente. Es lo que justifica la
existencia misma del profesional y de
sus órganos de ordenación y control
como son los colegios profesionales y
sus consejos generales o superiores».
El presidente de UP apuntó el
hecho de que cada colegio desarrolla
sus funciones dentro de los márgenes
y posibilidades de que disponen. Los
cargos de las juntas, normalmente, no
tienen remuneración alguna. Carni-
cer planteó la cuestión de por qué el
Gobierno había redactado un texto de
Anteproyecto en el que se percibe des-
confianza hacia la institución colegial.
Ya la sentencia del Tribunal Constitu-
cional de 17 de enero de 2013 viene a
confirmar el carácter de administración
pública de las corporaciones colegia-
les en el desempeño de las funciones
que la ley les tiene atribuidas. Como
destacó: «todo ello conlleva reconocer
estas centenarias instituciones, pero
a la vez modernizadas y actualizadas,
como entidades que cumplen funcio-
nes sociales de manifiesta repercusión
para el interés general».
Según afirmó, «el Anteproyecto
de Ley no ha encajado bien en las
diferentes profesiones pero esta-
mos trabajando con el Ministerio de
Economía y Competitividad, con la
Secretaría de Estado de Economía y
con la Dirección General de Política
Económica para adaptar el texto pero
aún dista mucho de ser aceptable».
La Comisión Europea ya manifes-
tó en su momento que España había
desarrollado satisfactoriamente la
transposición de la Directiva de Ser-
vicios mediante la Ley Paraguas y la
Ley Ómnibus de 2009. Se están pro-
duciendo hechos, tanto en el orden
social como normativo, que van a
cambiar el escenario y ello hay que
tenerlo muy en cuenta en esta nueva
Ley impulsada por el Gobierno.
Por su parte, el presidente de este
grupo de senadores y portavoz de la
Comisión de Justicia,
Manuel Alta-
va,
manifestó el convencimiento de
que los colegios profesionales son la
máxima garantía para el ciudadano,
para evitar el intrusismo y garanti-
zar la formación más adecuada de
cara a la prestación de unos servicios
de calidad. «Está probado que estas
instituciones lo hacen bien», afirmó
el senador. También explicó que este
grupo de senadores, que ha promo-
vido las diferentes comparecencias
relacionadas con el Anteproyecto
de Ley, continuará recibiendo a los
implicados de los diferentes sectores,
tanto de las profesiones como de las
autoridades ministeriales relaciona-
das.
n
Carlos Carnicer comparece
en el Senado para informar
sobre el impacto del
Anteproyecto de Ley
de Servicios y Colegios
Profesionales
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