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/ septiembre-diciembre 2013
Artículos Técnicos
/ Ley de Emprendedores
Cimbra
Cuando el importe del contra-
to sea inferior a 1.000.000 de euros,
si se trata de contratos de obras, o
a 100.000 euros, en el caso de otros
contratos, o cuando las empresas li-
citadoras reúnan los requisitos de
pequeña o mediana empresa, definida
según lo establecido en el Reglamento
(CE) n.º 800/2008, de la Comisión,
de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorías de
ayuda compatibles con el mercado
común en aplicación de los artícu-
los 107 y 108 del Tratado y no estén
controladas directa o indirectamente
por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, el plazo se reducirá a seis
meses.»
PROHIBICIÓN DE
DISCRIMINACIÓN A FAVOR DE
CONTRATISTAS PREVIOS
También la LE ha incluido la pro-
hibición de discriminar a favor de
contratistas previos introduciendo
un nuevo supuesto de nulidad en los
contratos mediante el que se evitará la
posibilidad de primar a empresas con
determinada experiencia en trabajos
similares realizados previamente con
cualquier Administración declarando
nulos de pleno derecho los actos y
disposiciones que otorguen estas ven-
tajas.
Con este objeto se añade un nuevo
apartado d) al art.32 del TRLCSP que
establece las causas de nulidad de de-
recho administrativo, con el siguiente
texto:
«d) Todas aquellas disposiciones,
actos o resoluciones emanadas de
cualquier órgano de las Adminis-
traciones Públicas que otorguen, de
forma directa o indirecta, ventajas a
las empresas que hayan contratado
previamente con cualquier Adminis-
tración.»
Además redundando en esta mo-
dificación, en el art.45 de la LE y al
margen del texto articulado del TRLC-
SP se ha incorporado un nuevo pre-
cepto con el siguiente texto:
«1. En sus procedimientos de con-
tratación, los entes, organismos y en-
tidades integrantes del sector público
no podrán otorgar ninguna ventaja
directa o indirecta a las empresas que
hayan contratado previamente con
cualquier Administración.
2. Serán nulas de pleno derecho
todas aquellas disposiciones conteni-
das en disposiciones normativas con
o sin fuerza de Ley así como en actos
o resoluciones emanadas de cualquier
órgano del sector público que otor-
guen, de forma directa o indirecta,
ventajas a las empresas que hayan
contratado previamente con cualquier
Administración.»
Esta modificación es importante y
aunque en nuestra opinión, la redac-
ción del texto no esta demasiado clara,
entendemos que con ello se evitará la
posibilidad de que pueda valorarse el
haber ejecutado obras similares con
cualquier Administración y en cambio
no se valore el haber realizado este
mismo tipo de obras para el sector
privado.
Esta valoración se consideraría
únicamente para la acreditación de la
solvencia técnica del empresario tal y
como determina el art.76 del TRLCSP
ya que su consideración como criterio
de selección o de adjudicación sería
contraria a lo manifestado en varias
sentencias del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea y del Tribunal Su-
premo así como en numerosos infor-
mes de la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa y del Tribunal
de Cuentas.
REDUCCIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS PREVIOS EN LAS
LICITACIONES
El art.146 del TRLCSP establece una
relación detallada de la documentación
que debe acompañar a las proposicio-
nes de las empresas en las licitaciones.
Entre esta documentación figura la
acreditación de la personalidad jurídi-
ca del empresario y en su caso, su re-
presentación con las correspondientes
escrituras públicas que deberán ser
bastanteadas, el documento nacional
de identidad, el certificado de clasifica-
ción de la empresa o en su caso los que
justifiquen los requisitos de su solvencia
económica, financiera, técnica o profe-
sional, una declaración responsable de
no estar incurso en prohibición para
contratar, la manifestación de hallar-
se al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social etc. Esta documentación a
pesar de que puede simplificarse para
aquellas empresas inscritas en el Re-
gistro Oficial de Licitadores es exigida
por muchas Administraciones espe-
cialmente Ayuntamientos pequeños lo
que supone un coste económico y una
dificultad añadida sobre todo para las
pequeñas empresas muchas de las cua-
les ni cuentan con personal para estas
tareas y tampoco suelen estar inscritas
en los Registros Oficiales de Licitadores.
Ante ello y con la finalidad de re-
ducir las cargas administrativas que
tienen que soportar las empresas en
los procedimientos de contratación
administrativa se prevé que los licita-
dores puedan aportar una declaración
responsable indicando que cumplen
las condiciones legalmente estableci-
das para contratar con la Administra-
ción. Así, solo el licitador a cuyo favor
recaiga la propuesta de adjudicación
deberá presentar toda la documen-
tación que acredite que cumple las
mencionadas condiciones.
De este modo se han añadido dos
nuevos apartados 4 y 5 al art.146 del
TRLCSP sobre la presentación de do-
cumentos acreditativos del cumpli-
Se reduce la
documentación
acreditativa del
cumplimiento de
requisitos previos
en las licitaciones
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