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/ septiembre-diciembre 2012
Noticias del Sector
Cimbra
E
l ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, ha ase-
gurado hoy que la reforma de
la ley de Costas se justifica en
la necesidad de disponer de“un instru-
mento eficaz”de protección y conserva-
ción del litoral, de mejorar la seguridad
jurídica de los titulares de derechos en
la costa y de“compatibilizar” la protec-
ción del espacio natural con actividades
económicas que creen empleo y gene-
ren riqueza.
“Un litoral sostenible medioam-
bientalmente –ha explicado el minis-
tro– debe conciliar la preservación,
mantenimiento y mejora de nuestras
costas con todas las actividades que
sean respetuosas y compatibles con la
conservación del litoral, incluidas las
económicas”.
Durante su intervención en el deba-
te de las enmiendas a la totalidad del
proyecto de ley de protección y uso
sostenible del litoral y de modificación
de la ley de Costas, en el Congreso de
los Diputados, el ministro ha situado
esta reforma como“uno de los objetivos
prioritarios del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente
para esta legislatura”.
Según ha explicado el ministro, la
reforma de la ley de Costas de 1988, tras
más de 20 años de vigencia, está motiva-
da porque no ha respondido a los fines y
objetivos que pretendía, mantener y con-
servar el buen estado“nuestro extenso y
valioso litoral”y porque“ha fomentado
una aplicación errática, contradictoria,
deficiente y muy arbitraria en algunas
ocasiones, lo que ha provocado inseguri-
dad jurídica para propietarios y titulares
de derechos en la costa”, ha asegurado.
INEFICACIA E INSEGURIDAD
JURÍDICA DE LA LEY DE 1988
En su exposición, el titular de Medio
Ambiente ha asegurado que la ley de
Costas de 1988 no ha sido eficaz en su
principal objetivo de proteger el lito-
ral. “Entre 1988 y la actualidad, se ha
producido la mayor degradación de la
costa, con la masificación urbanística
y la expansión de grandes pantallas
arquitectónica”, ha precisado.
A juicio del ministro, esta Ley tam-
bién ha generado una gran inseguridad
jurídica, tanto en aspectos esenciales
de la ley como en las dificultades de su
aplicación,“que ha sido con frecuencia
parcial o tardía”. El ministro ha puesto
como ejemplo la cuestión de los des-
lindes, que determinan qué es domi-
nio público y qué es servidumbre de
protección, “que se han realizado con
criterios no homogéneos, de diferente
forma según los territorios y las épocas,
creando la consiguiente sensación de
arbitrariedad y agravio comparativo”,
ha señalado.
Además, el ministro ha destacado
la“inadecuada” regulación de la ley en
relación con los Registros de la Propie-
dad,“que ha propiciado que adquirien-
tes de buena fe con títulos registrales
vean cuestionadas sus propiedades”.
Por otra parte, Arias Cañete ha indi-
cado que, hasta ahora,“ha primado una
visión limitada de la protección de la
costa, que no valoraba adecuadamente
la idea de compatibilidad entre calidad
medioambiental y actividad humana,
para alcanzar un desarrollo sostenible”.
En opinión del ministro,“este concep-
to erróneo ha producido regulaciones
excesivamente restrictivas, que no pro-
piciaban la realización de actividades
económicas, deportivas, de ocio o cul-
turales, respetuosas con la costa y con
la garantía del uso público y común de
las playas y del litoral por todos los ciu-
dadanos”.
REFORZAR LA PROTECCIÓN:
CLÁSULA ANTI-ALGARROBICO
En relación con la nueva ley, Arias
Cañete ha explicado que las previsiones
para reforzar la protección del litoral
van dirigidas a preservar “lo que tene-
mos mejor conservado”, a impedir que
continúe la degradación de las áreas
costeras más vulnerables, y a dotar al
Estado de mecanismos excepcionales
de respuesta, cuando exista un riesgo
grave para la protección del dominio
público.
La nueva ley de Costas compatibiliza la
protección del litoral con las actividades
respetuosas con el medio ambiente”
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